Tras la denuncia, uno de los jueces paralizó las obras. Mientras tanto, otro magistrado consideró que debía inhibirse al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Tras revisar el asunto, el alto tribunal consideró que no había motivos para frenar los trabajos de construcción. y ahora, el fiscal Vicente Torres ha interpuesto un recurso de súplica para pedir al TSJ que reconsidere su postura y dicte el archivo. Todavía no hay contestación y el rifirafe judicial será bastante complejo por culpa de la disparidad de criterios que ya han empezado a aflorar.
El INICIO
La intervención de la Fiscalía comenzó en enero de 2008, tras recibir la denuncia de que el plan incumplía la declaración de impacto ambiental. Después llegó la inspección ocular que motivó los escritos dirigidos a la Conselleria de Medio Ambiente, a la de Industria -ambas intervinieron en la concesión de licencias- y al Ayuntamiento de Enguera para que se paralizaran las obras.
El Ministerio Público, además, se dirigió a tres juzgados contencioso-administrativo para pedir el cese de los trabajos. Eso fue el 14 de septiembre y el 28 de octubre ya había resolución de uno de ellos, el número 9. Llamó la atención la rapidez con la que se pronunció el magistrado pero, sobre todo, sorprendió su postura. El juez ordenó la paralización y decretar medidas cautelares en esta jurisdicción no es lo habitual.
LOS ARGUMENTOS
La sospecha de que el Plan Eólico contraviniera la normativa existente para estos espacios motivó que la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia se pusiera en marcha. Tras una exhaustiva investigación llegaron las primeras conclusiones. El Ministerio Público apuntó que donde estaban previstos tres parques se iba a construir uno solo de mayor impacto ambiental. Su potencia y número de aerogeneradores hubiera necesitado la autorización del Gobierno central y, por tanto, el Ministerio de Industria tendría que haber asumido la competencia. En una inspección ocular de la Fiscalía con la Guardia Civil se determinó que la distancia entre los tres parques era de sólo 180 metros.
Además, según las pesquisas, cuentan con una sola subestación eléctrica. Se da la circunstancia de que la ley valenciana de planes eólicos establece que para que se consideren distintos deben estar separados por 2.000 metros y no superar los 50 megawatios de potencia. Enguera no cumple este precepto, según la Fiscalía.
De esta manera, y según la ley, el parque seria sólo uno y la competencia no sería del Gobierno valenciano sino del central. Primera alerta.
LAS AYUDAS DE LA UE
Entonces, ¿qué interés se puede tener en juntar tres parques en uno?. La respuesta es sencilla. La gestión de los parques eólicos suele ser una actuación muy golosa para las administraciones por las ayudas y subvenciones nacionales y europeas que reciben. Los gobiernos autonómicos únicamente están capacitados para autorizar parques de pequeño tamaño y así se hizo.
Después, el Ministerio Público consideró que los tres proyectos camuflaban uno más grande y decidió intervenir vía contenciosa-administrativa. Remitió tres denuncias a distintos juzgados y el número 9 de Valencia, la aceptó. No ocurrió así con el 2.
El PRIMER “TRIUNFO”
El magistrado del juzgado 9 respaldó las pesquisas del fiscal Y ordenó paralizar la infraestructura. Fue el segundo caso en España en el que la fiscalía intervino con éxito en la jurisdicción contenciosa. La denuncia iba dirigida contra el Ayuntamiento de Enguera. Por su parte, el juzgado número 2 se sacudió el asunto de encima y Jo dejó en manos del TSJ.
El PRIMER ‘REVÉS’
Hace dos semanas se produjo otro pronunciamiento. Pero esta vez en contra de las pretensiones de la Fiscalía que, en esta ocasión. dirigió su denuncia contra la Conselleria de Industria. El juzgado contencioso-administrativo 2 derivó la denuncia al TSJ al considerar que era un asunto autonómico y que debía ser éste órgano quien se pronunciara al respecto. La Sala del alto tribunal consideró que los argumentos expuestos por el Ministerio Público «no acreditan» la necesidad de paralizar las infraestructuras y dispuso que se reanudaran las obras.
LA RÉPLICA
Al tener conocimiento de la decisión del TSJ, la Fiscalía Provincial de Valencia interpuso un recurso de súplica ante el alto tribunal reiterando el origen de las investigaciones y solicitando la paralización del parque. Todavía no ha obtenido respuesta. En este momento, según fuentes próximas al caso, el parque eólico de Enguera continúa paralizado y no hay actividad. La resolución del recurso por parte del TSJ podría ser clave.
EL MUNDO, LUNES 25 DE ENERO DE 2010
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