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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castellón ha abierto diligencias penales contra dos cazadores furtivos que fueron detenidos el pasado 17 de enero tras matar supuestamente tres ejemplares de cabra hispánica sin disponer de la preceptiva autorización que otorga la Conselleria de Territorio. Los individuos están acusados de un presunto delito de agresión contra la flora y la fauna.

Según explicaron ayer fuentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la investigación se inició a finales del pasado mes de diciembre, cuando el propietario y el guarda jurado de un coto de caza situado en Castillo de Villamalefa (Alto Mijares) presentaron una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Segorbe por la muerte a tiros de varios ejemplares de cabra hispánica, un animal que goza de especial protección.

La rápida investigación del Seprona corroboró la muerte de un macho y dos hembras de este mamífero y situó a los dos detenidos en el punto de mira. Según las mismas fuentes, los individuos no poseían ningún tipo de licencia de caza y usaron el coto privado a espaldas del propietario.

Lógicamente, tampoco disponían del permiso especial del Consell que permite apresar cabra hispánica u otros preciados ejemplares como jabalíes.

Tras practicar las detenciones, la unidad del Seprona asignada al caso presentó la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia de Castellón y remitió una copia de las actuaciones a la Fiscalía encargada de delitos medioambientales de Valencia, según confirmaron fuentes del Instituto Armado.

Las dos personas imputadas por el delito medioambiental se enfrentan ahora a un proceso judicial que podría desembocar en una pena de prisión. Paralelamente, desde la vía administrativa la Conselleria de Territorio podría incoar un expediente sancionador con una multa que oscilaría entre los 3.001 y los 15.000 euros, además de la inhabilitación durante un máximo de tres años para desempeñar cualquier actividad de caza, como autores de una violación muy grave de la Ley de Caza vigente desde el año 2004.

La Generalitat aprobó el pasado 30 de junio una orden que regulaba la veda de caza para la temporada 2006/07. En su artículo cuatro situaba el período permitido para el apresamiento de ejemplares salvajes entre el 17 de septiembre de 2006 y el 11 de febrero de 2007, pero subrayaba la necesidad de ser titular de un coto privado y disponer de un permiso especial para efectuar disparos. Dos requisitos que los cazadores furtivos no cumplían.

Esta clase de autorizaciones especiales sólo se conceden para aquellas personas que practican caza mayor –es decir, de animales salvajes más grandes que un zorro común– y permiten apresar un número limitado de ejemplares dado que algunos de ellos están protegidos.

En la Comunitat Valenciana existe una gran concienciación en la defensa de esta especie. El pasado 30 de diciembre, más de 500 personas lograron paralizar una matanza de cabras montesas en la localidad alicantina de Petrer. Los datos sobre la cantidad de ejemplares que quedan en el monte El Cid de Petrer eran cuestionados por organizaciones ecologistas y protectoras de animales. Según los organizadores de la cacería, existen unos 400 ejemplares, mientras que las asociaciones que se opusieron a la batida, cifraban su número en 40. Ésta es una especie que proviene del norte de África, muy bien adaptada y que no produce destrozos en el monte. Fue en este caso la sociedad la que obligó a suspender una actividad que contaba con los permisos necesarios de la Administración.

Fuente: Las Provincias.