Inicio

Sin embargo, la conselleria de Industria no sabe que ha pasado con estas denuncias, de las que 115 llevaban anexa una orden de paralización y argumetna para justificar su ignorancia que los expedientes fueron trasladados a los ayuntamientos afectados.
El diputado socialista Francesc Signes recordó al respecto que la Fiscalía del TSJ instó a la Administración valenciana «hace años» a que pusiera en su conocimiento «cualquier actividad potencialmente constituyente de un delito ecológico».
«La Conselleria de Industria reconoce que en los últimos cinco años ha incoado, en el ámbito de todo el territorio valenciano , 118 expedientes sancion adores al detcgtar otras tantas explotaciones ilegales (canteras, graveras, etc) y que, en cambio, no ha remitido ninguno de estos expedientes al ministerio fiscal».

Para el diputado «es evidente» que una «gran parte» de estas actuacione ilegales reúnen indicios «más que suficientes» de constituir delitos contra los recursos naturales por los graves impactos ambientales que generan, «pero se constata una actitud de connivencia, por omisión del cumplimiento de sus obligaciones, por parte del Gobierno del señor Camps ante esta situación». No obstante, la gravedade de la denuncia estriba en el hecho de que 115 de los 118 expedientes abiertos llevaban atribuida una orden de paralización de la que el Consell desconoce su resultado.

Según admite en su respueta parlamenaria, una vez adoptada la paralización cautelar, «se notifica a los ayuntamientos afectados… a efectos de su conocimiento y vigilancia de su cumplimiento». Además, Industria dice que tramita a los órganos competentes la tramitación de los expedientes pero admite al mismo tiempo que no ha tramitado «ningún» expediente al ministerio fiscal «por el ejercicio de explotaciones clandestinas de recursos mineros de la sección A», que incluye a las calizas, gravas, mármol, etc.