La suspensión de una carrera de «quads» (motos de cuatro ruedas) prevista hace unas semanas en la Sierra de Enguera ha reactivado el debate sobre si es necesario o no reforzar la regulación que afecta a estos vehículos o incluso si, tal como se apunta desde sectores conservacionistas, no sería aconsejable dictar una prohibición absoluta de circulación en territorio forestal o fuera de circuitos especialmente habilitados.
La convocatoria de una prueba del campeonato de España en Enguera finalmente suspendida por la Conselleria de Territorio y Vivienda ha sido el detonante de un rechazo a los quads o motos de cuatro ruedas procedente de las organizaciones comprometidas con la protección de la naturaleza que se venía larvando desde hace años.
Los detractores de estos vehículos son inmisericordes a la hora de describir sus impactos negativos: inseguros para el conductor y para el resto de usuarios de los espacios naturales abiertos; ruidosos hasta el punto de afectar al buen desarrollo de la reproducción de muchas especies, algunas de ellas protegidas; demoledores para la conservación de caminos de uso público y peligrosos bisturíes capaces de abrir en unas pocas pasadas nuevos accesos al monte para vehículos similares, como las motocicletas, y también para la erosión.
La mala fama que precede a las motos de cuatro ruedas ha crecido en la medida en la que aumenta su presencia en los caminos. Desde el año 2000, fecha en la que algunos expertos sitúan como origen del fenómeno de este tipo de vehículo -los primeros llegaron a España en 1994-las matriculaciones no han parado de crecer. Ese 2000 se registraron 3.557 unidades, según datos de la Dirección General de Tráfico; cuatro años después ya se vendían 32.040.
La Conselleria de Territorio y Vivienda canceló la prueba convocada en Enguera recurriendo a un rosario de normas legales vinculadas a la protección de la naturaleza. Sin embargo, los expertos subrayan que en el fondo, el argumento más sólido y casi el único que permite cancelar una prueba de este tipo que discurra por pistas o caminos forestales es que no pueden superar los 30 kilómetros por hora, una velocidad incompatible con la práctica deportiva.
Un agente forestal, que opta por el anonimato, asegura que la situación real de las motos de cuatro ruedas en los montes valencianos «dista mucho de estar bajo control». Para empezar, explica, «hay que decir claramente que durante el fin de semana hay muy pocos agentes medioambientales, que son los únicos que tienen la consideración de agentes de la autoridad. A nosotros no nos hacen mucho caso, pero a las patrullas de vigilancia simplemente las ignoran».
En contra de lo que dice la conselleria, la laguna legal existente permite que puedan circular libremente por los caminos forestales siempre que no los abandonen. «Si se salen, no hay quien los pille; muchos no llevan ni matrícula; si les pides que se quiten el casco para identificarles te dicen que se lo quites tú y si les recriminas que van por encima de los 30 kilómetros/hora que dicta la norma me preguntan que dónde he puesto el radar. Cualquier día habrá una tragedia y entonces …», explica el agente, que añade: «No todos son así, algunos son muy educados».
Destrozar los caminos
Sobre el efecto en los caminos, el agente los compara con un bulldozer labrando. «Bastan unas pasadas para remover toda la zahorra y dejar el camino indefenso frente a la erosión y la lluvia: en cuatro días se va y ya no sirve para circular sino es en un vehículo todo terreno».
La permisividad podría cambiar pronto. El nuevo conseller de Territorio, Esteban González Pons, manifestaba el miércoles en Requena que estaba «alarmado» por los informes que le habían transmitido los agentes forestales, ante quien se comprometió a investigar el problema.
A las motos de cuatro ruedas le han surgido también enemigos poderosos en la política. En abril el Gobierno, a instancias del grupo parlamentario de Convergencia i Unión, se comprometió a que antes de finalizar el año se debatirá en el Congreso «el control legal y exhaustivo» de los quads. Argumenta CiU que su iniciativa pretende solucionar «los graves problemas» de estos vehículos, con lo que así se evitarían «situaciones de inseguridad para usuarios y peatones».
CiU explica que ante el gran incremento de las matriculaciones y la realidad de que no existe una ley específica es necesario «clarificar» cuestiones tan importantes como el uso del casco, la conducción para menores o incluso la circulación en vías públicas.
Fuente: Levante
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