Inicio

La UTE que conforman la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Secopsa y Comsa ha presentado alegaciones contra la oferta presentada por FCC-Dimesa al consorcio del Plan de Residuos X, XI y XII (la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida, la Safor y el Valle de Ayora) en las que alude a un posible pelotazo en la compraventa de terrenos destinados al vertedero de Llanera de Ranes.
Según el escrito de alegaciones, la UTE de la empresa controlada por Esther Koplowitz y la de Enrique Luján se comprometen a comprar el 30% del suelo necesario para el vertedero a una sociedad denominada Gains Tax por importe de 50 millones de euros. Un acuerdo “que perjudica en gran manera” al consorcio responsable de la adjudicación, compuesto por todos los ayuntamientos afectados por el plan zonal de residuos, dicen SAV y Secopsa. “El resto de propietarios puede pedir el mismo trato que Gains Tax, provocando un incremento al alza de valor de los terrenos desproporcionado y totalmente especulativo”, se afirma en el escrito. Gains Tax es una firma constituida en junio de 2007 dedicada a la promoción inmobiliaria que tiene como administrador único a Javier Martínez Sanchis. Fuentes conocedoras de las interioridades del concurso aseguran que el consejero delegado de Llanera, Fernando Gallego, ha mediado y tiene intereses en la operación. Gallego negó ayer este extremo.
Otras fuentes sostienen que otra aspirante, Urbaser, tiene un acuerdo con el empresario de Alzira José Andrés (Promociones Torreurbe) para situar el vertedero en terrenos de su propiedad, también en Llanera de Ranes.
El Plan Integral de Residuos establece que los aspirantes a los concursos pueden presentar acuerdos con propietarios de terrenos susceptibles de acoger plantas de tratamiento, trasferencias o eliminación. Para tratar de conciliar el favor social, los pliegos puntúan además contar con acuerdos aprobados por plenarios municipales. En caso de que no existan acuerdos con los propietarios, los consorcios tiene la facultad de realizar expropiaciones. Según las alegaciones de SAV y Secopsa en caso de que FCC-Dimesa comprase el suelo a Gains Tax por 50 millones de euros “el procedimiento de expropiación (del restante 70% del suelo) será mucho más largo”. No en balde, los expropiados podrían exigir en los tribunales precios similares a los de Gains Tax disparando los costes.
El plan zona establece que son los concesionarios los que adelantan la inversión para comprar los terrenos y construir las instalaciones, pero después es el consorcio de ayuntamientos el que retorna esos fondos a 25 años a través del canon que cobran las empresas adjudicatarias.

DIARIO   LEVANTE  30-06-09